El Gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, participó en la firma del Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Este acuerdo tiene como objetivo reconocer el agua como un bien nacional y garantizar su acceso como derecho para todos los mexicanos. Además, se incluyen acciones para mejorar la calidad del agua en el país, como la tecnificación del riego en el campo y medidas para prevenir inundaciones en Tabasco.

El Acuerdo Nacional reúne a empresarios, instituciones académicas y los 32 gobernadores del país, quienes colaborarán para hacer un uso más eficiente del agua en la industria, la agricultura y la ganadería. Se destinarán 9 mil millones de pesos el próximo año para proyectos de tecnificación en el campo, y se trabajará en la regulación de las concesiones de agua y un plan de obras estratégicas en conjunto con los estados, con un enfoque en el saneamiento de ríos como los de Lerma-Santiago, Tula y Atoyac.

El acuerdo establece las siguientes 10 medidas clave:

1.-Garantizar el derecho humano al agua en cantidad y calidad suficiente.
2.-Hacer eficiente el uso del agua en los procesos productivos de las actividades industriales, agrícolas y pecuarias.
3.-Invertir, los tres órdenes de gobierno, en infraestructura en el marco del Programa Nacional Hídrico.
4.-Fomentar la colaboración entre el sector público, privado y social para mejorar los entornos locales y fortalecer el derecho humano al agua.
5.-Realizar una gestión eficaz, ordenada y sustentable en materia de concesiones.
6.-Desarrollar un programa de digitalización y simplificación de trámites relacionados con el agua.
7.-Impulsar la innovación tecnológica para el tratamiento, reúso y potabilización del agua, con la inclusión de biotecnología e infraestructura verde.
8.-Implementar medidas de adaptación y mitigación frente a los efectos del cambio climático, incluida la reforestación y restauración ambiental.
9.-Evitar la contaminación de los ríos y cuerpos de agua, y contribuir a su restauración y saneamiento.
10.-Lanzar una campaña permanente de concientización sobre el ahorro, uso y cuidado del agua.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reafirmó el apoyo del gobierno federal ante los recientes hechos de violencia ocurridos en Tabasco, destacando la colaboración estrecha con las autoridades locales para garantizar la seguridad en la entidad. En la conferencia matutina, Sheinbaum subrayó que, aunque existen problemas relacionados con la delincuencia organizada, cada municipio tiene características propias que requieren estrategias específicas para su atención.

En relación al ataque armado ocurrido en una boda en el municipio de Jalapa, la mandataria indicó que las fuerzas de seguridad federales están trabajando en coordinación con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, para atender el caso con prontitud. “Todo el apoyo federal que se necesite, Tabasco lo tendrá”, afirmó Sheinbaum.

Por otro lado, el vicefiscal estatal, Gilberto Melquiades Miranda, aclaró que no hay vínculos entre el ataque en Jalapa y el multihomicidio ocurrido en el centro nocturno ‘DBar’ de Villahermosa. La Fiscalía General del Estado investiga que el ataque en el ‘DBar’ podría haber sido originado por un conflicto interno y no tiene relación con el crimen organizado, lo que permite seguir avanzando con una visión integral hacia la mejora de la seguridad en la región.

Ahora que se ha aprobado la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), la oposición se rasga las vestiduras defendiendo al organismo como garante de la información en favor de los ciudadanos.

En la realidad, el Inai estaba muy lejos de ser eso, estando al servicio de unos cuántos y recurriendo a excesos y despilfarros, como cuando se dio a conocer, hace un año, que el ex comisionado Óscar Guerra Ford, había usado recursos públicos para pagar una cuenta de 20 mil pesos en un table dance.

El escándalo

En noviembre de 2023 el portal Contralínea publicó una investigación en la que detallaba cómo en 2014, el entonces comisionado Óscar Guerra Ford, había usado una tarjeta corporativa del Inai para pagar tres cuentas por un monto total de 20 mil 411 pesos en el table dance Curazao, es decir, lo pagó con dinero público.

Para cuando surgió la investigación, Guerra Ford ya había terminado su encargo en el Inai y había sido nombrado secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia (SNT), cargo al que tuvo que renunciar días después.

El Inai ocultó la información

Pese a que la razón de ser del organismo era la transparencia, el acceso a la información y la máxima publicidad, el Inai censuró los detalles de un total de 94 gastos que Guerra Ford hizo con dicha tarjeta corporativa, donde se incluyen las 3 cuentas en el table dance.

El pleno del Inai argumentó que publicar esa información supondría revelar la capacidad adquisitiva del entonces comisionado puesto que, según informaron, Óscar Guerra devolvió de su dinero lo gastado en dicha tarjeta, solventando el tema.

Curazao fue clausurado por delito de trata

El table dance Curazao, que el mismo ex comisionado aceptó haber visitado para una cena con compañeros de trabajo, fue noticia a finales de 2018 cuando 19 personas víctimas de trata fueron rescatadas del lugar, donde se detuvo al gerente y una docena de empleados.

La fiscalía de la Ciudad de México detalló en su momento que las mujeres eran contratadas como bailarinas y después obligadas a prostituirse.

La renuncia de Guerra Ford

Días después de que se publicaran lo detalles del caso, Óscar Guerra renunció a su cargo como secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia (SNT), al igual que Rosendoevgueni Monterrey quien fungía como secretario Ejecutivo del Inai, y que era comisionado del organismo cuando sucedieron los hechos en 2014.

El Órgano Interno de Control (OIC) del Inai inició una investigación sobre los gastos personales realizados por Ford Guerra con la tarjeta corporativa.

Óscar Guerra Ford reconoció “como un error el haber utilizado la tarjeta equivocada”, pero siempre sostuvo que nunca hubo un daño patrimonial al organismo puesto que reembolsó los montos de sus gastos personales.

Abogados consultados por Contralínea declararon en la investigación que el uso que se le dio a la tarjeta podría enmarcarse en el delito de peculado o uso indebido del dinero público, aunque se haya reparado el daño.