El Senado de la República aprobó una reforma a la Ley General de Turismo para reforzar la protección de niñas, niños y adolescentes frente a la trata y la explotación sexual en establecimientos y servicios turísticos.

La modificación fue avalada el miércoles 7 de octubre con 104 votos a favor, con el objetivo de establecer medidas preventivas y nuevas obligaciones para los prestadores de servicios turísticos.

Entre los cambios se establece que los prestadores de servicios turísticos deberán solicitar a los adultos que viajen con menores de edad documentos que acrediten el parentesco o la relación legal que tienen con ellos.

Cuando no se presente la documentación requerida, deberán negar el servicio y dar aviso a las autoridades correspondientes ante la posible comisión de un delito.

La reforma también contempla medidas de prevención y protocolos para detectar posibles casos de trata y explotación sexual de menores de edad en el sector turístico, incluidos los servicios que se ofrecen por medios electrónicos.

La medida busca impedir que hoteles y otros establecimientos turísticos sean utilizados para cometer delitos contra niñas, niños y adolescentes, además de reforzar la responsabilidad de los prestadores de servicios en la prevención de estas conductas.

Con estos cambios, se busca fortalecer los mecanismos de protección de la niñez y facilitar la detección de situaciones que puedan poner en riesgo su integridad.

La Cámara de Diputados aprobó este 6 de octubre de 2026 el proyecto de Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, el cual ya fue enviado al Senado para su revisión. Esta iniciativa tiene como objetivo principal que México reduzca su dependencia del dinero físico y aumente la adopción de mecanismos como tarjetas, transferencias y códigos QR. El contexto actual justifica la medida, ya que la ENIF 2024 del INEGI reporta que el efectivo es el medio más frecuente en el 85.2% de las compras de 500 pesos o menos.

El aspecto más relevante de la iniciativa recae en su artículo 13, que otorgaría a la Secretaría de Hacienda la facultad de determinar “sectores estratégicos y actividades relevantes” en los que los medios digitales se convertirían en la única forma de pago permitida. Aunque diversos medios han reportado que gasolineras y casetas de peaje podrían ser las primeras actividades en esta transición, el texto de la ley no enumera expresamente los sectores; esto significa que el efectivo no desaparecerá de manera general ni de las tiendas tradicionales. Además, se estableció una excepción importante: si ocurre una falla extraordinaria en los sistemas, se permitirá el uso de efectivo o cheque.

Actualmente, el proyecto se encuentra registrado como “turnado a revisora / pendiente” en la Cámara Alta. De ser aprobado por el Senado y publicado, los gobiernos federal, estatales y municipales estarían obligados a habilitar infraestructura para recibir pagos digitales en trámites y servicios. A la par, se contempla el uso de la CURP Digital como mecanismo válido de identificación para contratar servicios financieros por internet.

La presidenta Claudia Sheinbaum firmó este miércoles 7 de octubre el decreto que reforma los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución Política de México. Con esta modificación estructural, a partir del año 2028, cualquier persona que aspire a ocupar la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México deberá contar únicamente con la nacionalidad mexicana.

Durante la conferencia matutina, la consejera jurídica del Ejecutivo, Luisa María Alcalde Luján, detalló que aquellos interesados que posean una segunda nacionalidad estarán obligados a renunciar a ella formalmente antes de solicitar su registro como candidatos ante el Instituto Nacional Electoral (INE). La reforma, que ya fue aprobada por el Senado, la Cámara de Diputados y 22 legislaturas locales, se publica hoy mismo en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Para que esta nueva medida sea plenamente aplicable, las autoridades correspondientes aún deberán emitir las disposiciones reglamentarias secundarias. Estas normas establecerán con claridad el procedimiento legal y administrativo para tramitar la renuncia, un proceso que no se limitará a la Secretaría de Relaciones Exteriores, sino que requerirá la colaboración con las autoridades de los países extranjeros implicados.