A través de redes sociales se volvió viral el caso de un joven frutero el cual fue agredido en plena vía publica por familiares dueños de un negocio cercano en Tehuacán, Puebla. Este hecho generó una reacción inmediata por parte de la ciudadanía y las autoridades. Aquí te contamos cómo ocurrieron los hechos, qué se sabe hasta ahora y qué han dicho las autoridades.

El inicio del conflicto

El miércoles 21 de mayo, en la avenida Independencia Oriente y 25 Sur de Tehuacán, un joven identificado como Misael, de 22 años, fue golpeado por al menos dos hombres. De acuerdo con testigos, todo comenzó cuando los agresores le pidieron que retirara su carrito de fruta, aparentemente porque “estorbaba” el paso de un vehículo. Al negarse, se desató una discusión que escaló rápidamente. En un video de 42 segundos, difundido en redes sociales, se observa cómo los hombres (presuntamente padre e hijo) lo someten con violencia extrema hasta dejarlo inconsciente sobre la calle. También se escucha a una mujer, supuestamente familiar de los agresores, participar en la confrontación.

Redes sociales, indignación y reacción ciudadana

El video se viralizó rápidamente y provocó una fuerte indignación en la comunidad digital. Usuarios exigieron justicia, y algunas personas comenzaron a identificar a los presuntos agresores.

Horas después, en la madrugada del 22 de mayo, un grupo de pobladores bloqueó la circulación en la misma zona donde ocurrió la agresión. Más tarde, se dirigieron al domicilio que presuntamente pertenece a los responsables, donde incendiaron la vivienda, un vehículo y parte del negocio.

Elementos de Protección Civil y Bomberos acudieron para sofocar las llamas. No se reportaron personas lesionadas.

¿Qué han dicho las autoridades?

El director general de Gobierno, Ernesto Vélez Palacios, informó que ya se interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE), y que el video difundido será integrado a la carpeta de investigación.

Tanto la alcaldía de Tehuacán como el Gobierno del Estado de Puebla emitieron comunicados oficiales informando que Rosa Isela “N” ya fue detenida y que Julio “N” continúa prófugo. En los mensajes, ambas instancias recalcaron que no habrá impunidad ante estos hechos.

Por su parte, la madre del joven agredido pidió que las protestas se mantengan de forma pacífica, mientras su hijo continúa en valoración médica.

El panorama actual

Vecinos del lugar han señalado que los presuntos agresores ya habían mostrado actitudes conflictivas con otros comerciantes. En respuesta a lo ocurrido, diversos negocios y ciudadanos han expresado su respaldo a Misael y su familia.

Si bien las autoridades han iniciado el proceso correspondiente, la comunidad permanece atenta al avance del caso y pide que se garantice el acceso a la justicia. El ambiente en Tehuacán continúa siendo de expectativa.

La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que el gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, ha asistido de forma constante a las reuniones del Gabinete de Seguridad en Palacio Nacional. Señaló que hay disposición de los mandatarios estatales para continuar con las mesas de coordinación y evaluación que operan diariamente.

En su conferencia matutina, Sheinbaum explicó que este esquema incluye encuentros regionales con participación de gobernadores, fuerzas armadas y autoridades federales, y que los gobernadores deben encabezar las sesiones locales con representantes de los tres órdenes de gobierno. En el caso de Tabasco, estas reuniones se realizan cada día en los 17 municipios.

También informó que este viernes 23 de mayo se reunirá con los gobernadores de los estados bajo el modelo IMSS-Bienestar, entre ellos Javier May, para revisar los avances en su aplicación.

Una jueza en Miami sentenció al exsecretario de Seguridad de México, Genaro García Luna, y a su esposa, Cristina Pereyra, a pagar 2,488 millones de dólares por su participación en un esquema de contratación ilegal con el gobierno mexicano. García Luna deberá cubrir 748 millones, mientras que su esposa 1,740 millones, al considerarse que ambos participaron en la transferencia y ocultamiento de recursos públicos desviados hacia Estados Unidos.

La sentencia fue dictada luego de que ninguno de los dos respondiera a la demanda civil iniciada en 2021 por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México. Según el fallo, el dinero fue transferido desde México a Miami mediante paraísos fiscales y usado para adquirir propiedades y otros bienes. El esquema habría beneficiado a la familia Weinberg, con al menos 30 contratos ilícitos que superan los 634 millones de dólares.

De las 28 propiedades reclamadas por la UIF, 19 fueron aseguradas y 18 ya han sido vendidas. La demanda también sostiene que el desvío de recursos ocurrió entre 2012 y 2018, aunque los vínculos entre García Luna y los Weinberg datan de 2006. La jueza Lisa Walsh concluyó que al no presentarse ni defenderse legalmente, los acusados admitieron los hechos y se procedió a dictar sentencia por la vía civil.