La ampliación del puerto de Dos Bocas, en Tabasco, estará terminada en junio de este año, según informó el director del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Esta obra busca fortalecer la infraestructura portuaria y mejorar la conectividad comercial de la región.

De acuerdo con el último reporte, el muelle general presenta un avance del 84.4%, mientras que el rompeolas ya alcanzó el 83.7%. Estos trabajos forman parte del plan de modernización del puerto, que permitirá recibir embarcaciones de mayor tamaño y agilizar las operaciones logísticas.

Las autoridades han destacado que esta ampliación impulsará el desarrollo económico del sureste del país, atrayendo nuevas inversiones y generando empleos. Además, reforzará la capacidad de exportación e importación de hidrocarburos y otros productos clave para la industria.

El Poder Judicial es de nuevo objetivo de señalamientos de corrupción y complicidades por el descongelamiento de las cuentas, que un Juez ordenó y un Tribunal confirmó, de Inés Gómez Mont y su pareja Víctor Álvarez Puga.

La pareja es señalada por una larga lista de delitos, por los cuáles hay investigaciones en su contra. Sin embargo, con esta decisión podrán hacer uso de sus recursos financieros.

La orden judicial

Resulta que El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de la Ciudad de México confirmó la sentencia del 29 de noviembre de 2023, emitida por la Jueza Décima de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, que otorgó un amparo a la pareja.

El Tribunal ordenó a la UIF, a inicios de marzo, que “se reanudaran todos los servicios financieros” de Gómez Mont y Álvarez Puga.

¿Por qué estaban bloqueadas?

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) explica que la Lista de Personas Bloqueadas, en la que estaba incluida la ex conductora de TV, Inés Gómez Mont, es una medida para prevenir, detectar y evitar el lavado de dinero.

Cuando una persona se agrega a la lista se “suspende de forma inmediata cualquier acto, operación o servicios de instituciones financieras”, es decir, las cuentas quedan congeladas.

¿De qué los acusan?

Resulta que desde 2019 la FGR comenzó una investigación en contra de Gómez Mont, y en 2021 fue acusada por delitos como delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita e incluso defraudación fiscal.

Presuntamente ella y su esposo utilizaron empresas fachada para simular operaciones comerciales que jamás existieron, al facturar contratos sin licitación de la Secretaría de Gobierno entre 2016 y 2017.

Una más del Poder Judicial

Este martes, durante la conferencia de prensa mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que esta decisión del Poder Judicial “no tiene otro nombre sino corrupción”. 

Claudia Sheinbaum, acusó que resoluciones del Poder Judicial, como esta, han permitido la liberación de más de 35 mil millones de pesos relacionados con casos de corruçión y delincuencia organizada.

El titular de la UIF, Pablo Gómez, dijo que el Poder Judicial “se ha convertido en el elemento más militante contrario al desarrollo del sistema de inteligencia financiera de México”.

En este sentido, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que enviará modificaciones legales para que esto no pueda ocurrir en un futuro.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó una iniciativa para reformar la Ley General de Población con el objetivo de convertir la Clave Única de Registro de Población (CURP) en el documento oficial de identidad de los ciudadanos mexicanos y extranjeros con estancia legal en el país.

De aprobarse la propuesta, la CURP incluiría fotografía y huellas dactilares, lo que desplazaría a la credencial para votar del INE como el principal documento de identificación. La versión digital y física de esta nueva CURP serviría para validar la identidad en trámites y servicios tanto públicos como privados.

La iniciativa también establece que la Secretaría de Gobernación integrará datos biométricos a la CURP, asegurando que su uso se apegará a las leyes de protección de datos personales. Todos los organismos, tanto gubernamentales como privados, estarán obligados a solicitar esta identificación en sus procesos.

Con esta medida, el gobierno busca unificar la identidad de los ciudadanos bajo un solo documento, simplificando trámites y fortaleciendo la seguridad en la verificación de datos.