Hoy en la mañanera del pueblo, el titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard, advirtió sobre las graves implicaciones económicas de una propuesta arancelaria del 25% en las importaciones, destacando que podría generar un daño significativo en los sectores automotriz y comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.

Lecciones del pasado

Ebrard recordó el caso de 1971, cuando el expresidente estadounidense Richard Nixon implementó un arancel del 10% a las importaciones. Esta medida, aunque mucho menor, tuvo consecuencias tan negativas que no pudo sostenerse más de un año. Un arancel del 25%, como el propuesto actualmente, tendría un impacto cuatro veces mayor, afectando de forma profunda a las economías de ambos lados de la frontera.

Sector automotriz en riesgo

El principal sector afectado sería el automotriz, que incluye a empresas como General Motors, Stellantis y Ford Motor Company, con operaciones significativas en México. Ebrard señaló que este arancel dañaría tanto a la industria mexicana como a la estadounidense, describiendo la medida como “darse un tiro en el pie”.

Entre las consecuencias destacadas, mencionó:
1. Aumento de costos para el consumidor: Las camionetas pickup, de las cuales el 88% se fabrica en México, aumentarían en 3 mil dólares por unidad en el mercado estadounidense.
2. Pérdida de empleos: Se estima que 400 mil empleos en Estados Unidos podrían estar en riesgo debido a la medida.
3. Impacto en las empresas: La imposición equivaldría a duplicar el impuesto sobre utilidades.

México propondrá una región próspera a través de la estabilidad regional entre las tres naciones, así como aumentar la competitividad global.

La propuesta del gobierno es respaldada por empresas de diversos sectores.

En días recientes, el Senado de México aprobó la Ley de Cuidado y Protección Animal, con la cual queda prohibido en la constitución del maltrato de los animalitos.

La reforma, que modifica los artículos 3, 4 y 73 de la Constitución Política, reconoce a los animales como seres sintientes y establece la obligación del Estado mexicanos de garantizar su protección, conservación y trato adecuado.

Otros alcances de la reforma

En el artículo transitorio subraya que el Congreso de la Unión cuenta con un plazo de 180 días naturales a partir de la entrada en vigor del decreto, para expedir la ley general en materia de protección y cuidado de los animales.

La cual deberá considerar su naturaleza, características y vínculos con las personas, la prohibición del maltrato en la crianza, el aprovechamiento y sacrificio de animales de consumo humano y en la utilización de ejemplares de vida silvestre en espectáculos con fines de lucro, así como las medidas necesarias para atender el control de plagas y riesgos sanitarios.

Aprobada por unanimidad

La reforma a la ley contó con el respaldo de todas las fracciones parlamentarias, y durante la sesión “Pet Friendly”, pues se permitió el acceso de mascotas al Senado, los senadores se mostraron a favor y aseguraron que promover el bienestar animal beneficia también a las comunidades humanas que “interactuamos con ellos”.

Los senadores detallaron que hay estudios que demuestran que el maltrato animal está correlacionado con otras formas de violencia en nuestras sociedades.

México, tercer lugar en violencia animal

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) señalan que el 70% de los hogares mexicanos tiene una o más mascotas.

Y una investigación del Instituto Belisario Domínguez, detectó que México es el tercer país del mundo con mayor violencia animal, y el primero de Latinoamérica.

Estados con mayor legislación animal

En México son pocos los estados que cuentan con una estricta legislación de protección a los animales, como la Ciudad de México donde se prohíben los eventos con animales, o en Jalisco donde las corridas de toros y peleas de gallo están prohibidas.

También el Estado de México y Nuevo León castigan el abandono y el maltrato animal, mientras que en Quintana Roo tienen acciones de educación y limitan el uso de animales en circos.

Con las nuevas disposiciones, el Congreso de la Unión estaría facultado para expedir leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de los gobiernos de las entidades federativas, los municipios y, en su caso, de las demarcaciones de la Ciudad de México en materia de protección a los animales.

La presidenta Claudia Sheinbaum respondió a la amenaza del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, de aumentar los aranceles a productos mexicanos, afirmando que tal medida no es aceptable. En una carta dirigida a Trump, la presidenta advirtió que los aranceles solo generarían inflación y pérdida de empleos en ambos países, y que una represalia de México sería inevitable. Recordó que empresas como General Motors, Stellantis y Ford, que llevan décadas operando en México, se verían afectadas, lo que podría poner en riesgo la relación comercial entre ambos países.

Sheinbaum destacó que México ha implementado una política integral para atender el fenómeno migratorio, lo cual ha reducido significativamente los encuentros en la frontera, según cifras de la Patrulla Fronteriza. También mencionó que muchos migrantes cruzan por la vía legal, a través del programa CBP One de Estados Unidos. Subrayó que un modelo de movilidad laboral conjunto es necesario para atender las causas que obligan a las personas a abandonar sus países de origen, y sugirió que Estados Unidos debería destinar recursos a la construcción de paz y al desarrollo en lugar de a conflictos bélicos.

Sobre el tema del fentanilo, Sheinbaum reafirmó la disposición de México para colaborar en la lucha contra esta crisis, aunque señaló que el consumo es un problema principalmente estadounidense. También destacó las acciones de las Fuerzas Armadas y las fiscalías mexicanas en el combate al tráfico de drogas y las armas. Finalmente, recordó que México está en proceso de aprobar una reforma constitucional para declarar delito grave la producción y comercialización del fentanilo y otras drogas sintéticas, enfatizando la necesidad de una mayor cooperación internacional para abordar el tráfico de precursores químicos.