Los sistemas eficaces de gestión de aguas residuales son vitales para preservar la salud humana.  A nivel mundial, el agua contaminada plantea riesgos significativos de diarrea, infecciones y malnutrición, que ocasionan 1.7 millones de muertes al año, la mitad de ellas en niños. 90% de estos fallecimientos ocurre en países en desarrollo y principalmente a causa de la ingestión de patógenos fecales de humanos o animales. A nivel global, el volumen de aguas residuales aumentará con el crecimiento de la población. Y a medida que se expanda la economía y los ingresos globales, el contenido de sustancias químicas peligrosas, tóxicos y desechos asociados al estilo de vida moderno también será mayor. 

El tratamiento eficaz de las aguas residuales es esencial para la buena salud pública. La ONU reconoce “el derecho al agua potable limpia y segura y al saneamiento como un derecho humano que es esencial para el pleno disfrute de la vida y todos los derechos humanos.

Más de 80% de las aguas residuales del mundo se vierten en el medio ambiente sin tratamiento, una cifra que alcanza 95% en algunos países menos desarrollados. Hoy día, solo 26% de los servicios urbanos y 34% de los servicios rurales de saneamiento y aguas residuales previenen efectivamente el contacto humano con las excretas en toda la cadena de saneamiento y, por tanto, pueden considerarse seguros.

La buena salud y el bienestar están contempladas en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 3, que incluye las siguientes metas:

Para 2030, poner fin a las epidemias del SIDA, la tuberculosis, la malaria y las enfermedades tropicales desatendidas y combatir la hepatitis, las enfermedades transmitidas por el agua y otras enfermedades transmisibles. 

Para 2030, reducir sustancialmente el número de muertes y enfermedades producidas por productos químicos peligrosos y la contaminación del aire, el agua y el suelo. Por poner un ejemplo de la relevancia, las condiciones de cobertura de agua y drenaje en población indígena se muestran con mayor rezago. Con base el Conteo Intercensal de 2015, se reportan 12.0 millones de población indígena, 10% de la población total del país (CDI, 2016). De este importante sector de mexicanos 10.5 millones, (87.3%) cuentan con servicio de agua entubada en la vivienda, y no lo tiene 1.5 millones (12.7%). En cuanto a drenaje, 8.8 millones (73.1%) de indígenas disponen de drenaje en la vivienda, es decir 3.2 millones de habitantes (27%) carecen de esta facilidad (CDI, 2016).

Dada esta importancia sin lugar a dudas, el gobierno federal, estatal y municipal en el ámbito de sus competencias deben urgentemente invertir en la implementación de tecnología verde, autosustentable y económica. Esto significa que primero el agua, significa tomar decisiones asertivas hoy y diseñar fórmulas desde el Estado con participación social y bajo marcos de equidad y justicia social para plantear un escenario diferente a la población que le permita tener acceso al agua y de calidad. 

La importancia de la eficacia en la gestión pública es uno de los temas de actualidad que ponen de manifiesto las necesidades de todos los gobiernos ante el hecho de lograr resolver los grandes retos y problemas de carácter público que se viven en los 17 municipios.  La nueva gestión pública busca entre otros fines, la consolidación de una administración eficaz, es decir, administraciones que satisfagan las necesidades reales de los ciudadanos sin dispendio, favoreciendo para ello la introducción de mecanismos de competencia. 

En este sentido la búsqueda de resultados para la sociedad exige una nueva forma de gobernar en la cual los conocimientos y el orden escrupuloso en el ejercicio de los recursos políticos e institucionales tienen en esencia que ser el distintivo y motivación de las decisiones públicas. 

Para todos es sabido que cada 3 años ante las nuevas conformaciones de los ayuntamientos, las administraciones municipales se encuentran con la imperiosa necesidad de alcanzar mayor eficiencia en brindar los obligatorios servicios a la sociedad. Lo hacen con la limitante propia de los pocos recursos financieros y muchas veces ante la curva de aprendizaje. En este sentido, el Verde presentó en el Congreso una iniciativa para establecer con base en la ley la profesionalización del servicio público y todos los procesos que esta implica: formación inicial, capacitación constante, certificación, y evaluación al desempeño. 

Esta reforma a nuestra legislación en lo que corresponde a los ayuntamientos constituye no sólo un medio democrático para garantizar que los recursos públicos se materialicen en un servicio público de calidad y calidez, si no a su vez, lograr que mediante un comité de manera transparente accedan al ayuntamiento los perfiles adecuados mediante Convocatorias para un Sistema Municipal, para Registrar a todo servidor público que desee formar parte del sistema , definir los perfiles y requerimientos a los cargos que serán sujetos a Convocatoria seleccionar al personal que haya sido calificado en el sistema,  Revisar el expediente de personal del aspirante, así como Capacitar y certificar a los servidores públicos en sus capacidades adquiridas. 

Lo que se busca es que los cambios de administración municipal se alleguen y cuenten con los requerimientos básicos de imparcialidad, justicia, equidad y respeto por la dignidad de los ciudadanos.  En sí, la creación del servicio profesional de carrera municipal implica transitar de administraciones patrimonialistas hacia burocracias modernas y profesionales.  Este sistema conforma reglas de acceso, la formación, capacitación, movilidad interna y los derechos y deberes. 

La propuesta establece un rediseño que involucra la profesionalización pública municipal, en un marco de rendición de cuentas, para demandar un mejor desempeño de las instituciones y los servidores públicos. Lo que se busca en esencia es que el ciudadano cuente cada vez más con administraciones que satisfagan sus demandas. 

El 8 de marzo es una fecha para reflexionar, pero también es para reconocer lo que como mujeres hemos conquistado, porque nada nos ha sido concedido de forma fácil o gratuita, pues muchos de los derechos que hoy ejercemos fueron en algún momento reclamos incómodos impulsados por mujeres que se negaron a aceptar la desigualdad. 

A 115 años de la conmemoración del “Día Internacional de la Mujer”, la pregunta sigue vigente: ¿por qué seguimos insistiendo?

Desde el Congreso del Estado, la LXV Legislatura ha trabajado para actualizar nuestro marco Constitucional en favor de todas las y los tabasqueños, y muchas de estas reformas impactan directamente en la vida de las mujeres, desde el acceso a programas sociales y educación, hasta la justicia y la salud. Sin embargo, quisiera aprovechar esta fecha para detenernos en los avances que se han impulsado desde el Poder Legislativo específicamente para fortalecer nuestros derechos. 

Una primera mirada hacia la participación efectiva de las mujeres en la vida pública es que la actual Legislatura está integrada por más mujeres que hombres, con 18 legisladoras y 17 legisladores y 9 de las 15 Comisiones ordinarias son presididas por mujeres. Además, en el mes de febrero de este año, el Pleno eligió a una mujer como presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, algo que no ocurría desde hace más de 25 años.

Como parte de nuestro trabajo legislativo, se han aprobado reformas Constitucionales que fortalecen la igualdad sustantiva en favor de las mujeres, así como las que eliminan la brecha de desigualdad con los hombres; no queremos más, queremos lo que históricamente nos había sido arrebatado solo por ser mujer. Estas reformas también reconocen el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia, impulsan la creación de Fiscalías Especializadas en violencia de género y obliga a las instituciones de Seguridad Pública y de Procuración de Justicia a actuar con perspectiva de género.

De igual manera, tanto el Gobernador Javier May Rodríguez como las y los legisladores locales hemos presentado iniciativas para favorecer a la mujer y que, de manera unánime el Congreso tabasqueño ha aprobado. Dentro de ellas se encuentra la incorporación de lenguaje paritario tanto en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, como en laLey para Prevenir y Eliminar la Discriminación, ambas del Estado de Tabasco, porque lo que no se nombra no existe. Dentro de los avances también se encuentra la declaración del 11 de mayo como el “Día de la Lucha contra la violencia vicaria”, la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación, la posibilidad de que jueces familiares aseguren el pago de pensiones alimenticias mediante embargo de bienes o congelamiento de cuentas bancarias, así como medidas de protección para mujeres víctimas de violencia. 

En el ámbito laboral, se establecieron medidas para sancionar el acoso u hostigamiento laboral y/o sexual en el trabajo y se reconocieron licencias con goce de sueldo para mujeres diagnosticadas con endometriosis o dismenorrea.

El25 de noviembre del año pasado, en el marco del “Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”, se aprobaron diversas reformas para fortalecer la atención a la violencia de género, incrementar la penalidad y aumentar las agravantes por el delito abuso y acoso sexual, reducir la brecha salarial y robustecer el tipo penal de feminicidio.

Si bien todos estos avances legislativos son importantes, debemos reconocer que las leyes son apenas el primer paso, pues el verdadero desafío es que esos derechos se conviertan en una realidad en la vida cotidiana de las mujeres y que la igualdad se viva de la misma manera para todas. 

En nuestro Estado persisten todavía retos importantes, como son los estereotipos de género en muchos espacios de la vida pública y privada, la impunidad y falta de confianza en las instituciones que impiden la presentación de denuncias y las limitaciones de recursos para implementar plenamente las políticas públicas, así como ampliar los servicios de atención a víctimas, como los refugios y brindarles apoyo psicológico. De ahí que el verdadero cambio no depende solo de la construcción de un marco jurídico a nuestro favor, sino también requiere de la participación social, educación respecto al trato igualitario y de la constante capacitación con perspectiva de género en nuestras Instituciones. 

Y lo anterior nos remonta a nuestra pregunta inicial: ¿por qué seguimos insistiendo?

Porque avanzar no es haber llegado. Porque la igualdad no se mide en cantidad de leyes aprobadas, sino en la calidad de vida de nuestras mujeres. Sigamos insistiendo porque tenemos la responsabilidad de honrar el pasado y edificar una sociedad en la que la igualdad deje de ser un privilegio y se convierta en una realidad para todas.

Somos memoria, somos presente, somos el cambio.