En México, miles de niñas están enfrentando una realidad que no debería formar parte de su infancia: convertirse en madres antes de cumplir 15 años. Durante 2025, se registraron 7 mil 887 nacimientos de madres de entre 10 y 14 años, un promedio de 22 al día, de acuerdo con cifras del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA).

Detrás de estos números hay una problemática que va más allá de la salud. Los embarazos a estas edades pueden estar relacionados con violencia sexual y representan una vulneración de los derechos de las niñas, por lo que requieren atención y protección por parte de las autoridades.

La estrategia para proteger a las niñas

Ante esta realidad, el SIPINNA impulsa la estrategia Niñas Sí, Madres No, una iniciativa que busca prevenir los embarazos infantiles y combatir la violencia sexual contra niñas y adolescentes.

La propuesta contempla la coordinación entre autoridades e instituciones para detectar situaciones de riesgo, brindar atención a las menores y garantizar la protección de sus derechos. El objetivo es evitar que la violencia las lleve a enfrentar una maternidad durante la infancia.

Otro dato que dimensiona el problema es que el 80 por ciento de las niñas de entre 10 y 14 años que fueron madres no asistía a la escuela, de acuerdo con cifras del organismo.

Por ello, la prevención también requiere fortalecer el acceso a la educación, identificar posibles casos de violencia y garantizar que las niñas reciban apoyo y protección para continuar con sus estudios y su desarrollo.

El Senado de la República aprobó una reforma a la Ley General de Turismo para reforzar la protección de niñas, niños y adolescentes frente a la trata y la explotación sexual en establecimientos y servicios turísticos.

La modificación fue avalada el miércoles 7 de octubre con 104 votos a favor, con el objetivo de establecer medidas preventivas y nuevas obligaciones para los prestadores de servicios turísticos.

Entre los cambios se establece que los prestadores de servicios turísticos deberán solicitar a los adultos que viajen con menores de edad documentos que acrediten el parentesco o la relación legal que tienen con ellos.

Cuando no se presente la documentación requerida, deberán negar el servicio y dar aviso a las autoridades correspondientes ante la posible comisión de un delito.

La reforma también contempla medidas de prevención y protocolos para detectar posibles casos de trata y explotación sexual de menores de edad en el sector turístico, incluidos los servicios que se ofrecen por medios electrónicos.

La medida busca impedir que hoteles y otros establecimientos turísticos sean utilizados para cometer delitos contra niñas, niños y adolescentes, además de reforzar la responsabilidad de los prestadores de servicios en la prevención de estas conductas.

Con estos cambios, se busca fortalecer los mecanismos de protección de la niñez y facilitar la detección de situaciones que puedan poner en riesgo su integridad.

La Cámara de Diputados aprobó este 6 de octubre de 2026 el proyecto de Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, el cual ya fue enviado al Senado para su revisión. Esta iniciativa tiene como objetivo principal que México reduzca su dependencia del dinero físico y aumente la adopción de mecanismos como tarjetas, transferencias y códigos QR. El contexto actual justifica la medida, ya que la ENIF 2024 del INEGI reporta que el efectivo es el medio más frecuente en el 85.2% de las compras de 500 pesos o menos.

El aspecto más relevante de la iniciativa recae en su artículo 13, que otorgaría a la Secretaría de Hacienda la facultad de determinar “sectores estratégicos y actividades relevantes” en los que los medios digitales se convertirían en la única forma de pago permitida. Aunque diversos medios han reportado que gasolineras y casetas de peaje podrían ser las primeras actividades en esta transición, el texto de la ley no enumera expresamente los sectores; esto significa que el efectivo no desaparecerá de manera general ni de las tiendas tradicionales. Además, se estableció una excepción importante: si ocurre una falla extraordinaria en los sistemas, se permitirá el uso de efectivo o cheque.

Actualmente, el proyecto se encuentra registrado como “turnado a revisora / pendiente” en la Cámara Alta. De ser aprobado por el Senado y publicado, los gobiernos federal, estatales y municipales estarían obligados a habilitar infraestructura para recibir pagos digitales en trámites y servicios. A la par, se contempla el uso de la CURP Digital como mecanismo válido de identificación para contratar servicios financieros por internet.