La Opinión
Ruralidades Colimenses
Por Alfredo Álvarez

El maíz es más que un alimento para los mexicanos: es la base de nuestra identidad cultural y un recurso estratégico para enfrentar el cambio climático a nivel mundial, además es la base para garantizar la soberanía alimentaria de nuestro País. Frente a los retos impuestos por un modelo agroindustrial que prioriza las ganancias sobre el bienestar común, la Cuarta Transformación ha dado un paso histórico al prohibir la siembra de maíz genéticamente modificado y al promover una reforma constitucional que reconoce al maíz como pilar de nuestra nación. Este avance no solo protege nuestras 59 razas de maíz, sino que también refuerza nuestro compromiso con la sostenibilidad, la biodiversidad y la economía local.
La prohibición del maíz genéticamente modificado es más que una decisión política; es una medida basada en un inicio en el principio precautorio y además, respaldada por evidencia científica sin conflicto de interés. Estudios realizados por organizaciones internacionales, como la FAO, han señalado los riesgos asociados a los cultivos genéticamente modificado, incluidos la contaminación de variedades nativas y los impactos negativos en los ecosistemas. Además, el modelo agroindustrial ha generado dependencia económica hacia corporaciones que monopolizan las semillas, debilitando la soberanía alimentaria de países como México que cuentan con la gran biodiversidad de este y muchos otros cultivos.
Al reconocer al maíz como un elemento de identidad en los Artículos 4 y 27 de la Constitución, se establece un marco jurídico que protege la biodiversidad y promueve la producción agroecológica. Esto permite garantizar que las generaciones futuras puedan disfrutar de un patrimonio biocultural que ha sido cultivado y adaptado durante más de 350 generaciones aún cuando como recurso genético esta gravemente amenazado.
Aunque las medidas propuestas son un paso crucial, la transición hacia un modelo agroecológico enfrenta retos significativos. Los pequeños productores, quienes son los principales guardianes del maíz nativo, necesitan acceso a financiamiento, capacitación técnica y apoyo para comercializar sus productos. Asimismo, la investigación en prácticas agroecológicas debe ser fortalecida para ofrecer soluciones adaptadas a las condiciones específicas de cada región. Es fundamental promover programas de capacitación que enseñen técnicas sostenibles, ofrecer incentivos financieros que faciliten la transición hacia prácticas agroecológicas, fomentar mercados locales justos y accesibles, y financiar investigación sobre variedades de maíz nativo.
El éxito de estas iniciativas no sería posible sin la lucha incansable de movimientos sociales como la Campaña Nacional “Sin maíz no hay país” y la Demanda Colectiva en defensa del maíz, que han enfrentado grandes intereses económicos, destacando la importancia de preservar las semillas originarias en manos campesinas. Un comunicado reciente de estos movimientos subraya la necesidad de agregar una prohibición explícita en la Constitución para evitar la siembra de maíz genéticamente modificado, no unicamente de maíz transgénico pues con esta denominación so se incluyen supuestos avances tecnológicos. La labor de estos movimientos al lado de las causas justas de la Cuarta transformación ha sido un ejemplo de resistencia y de cómo la participación ciudadana puede influir en políticas públicas.
La protección del maíz nativo también tiene un impacto positivo en la economía local. Al fomentar la producción de alimentos adaptados a nuestras condiciones agroecológicas, se reduce la dependencia de insumos importados y se genera empleo en comunidades rurales. Además, el consumo de maíz nativo, libre de organismos genéticamente modificados y plaguicidas, mejora la salud de la población al evitar los riesgos asociados a los agroquímicos.
El maíz no es solo un alimento; es un patrimonio biocultural, económico y ambiental que merece ser protegido. La Cuarta Transformación ha dado pasos importantes hacia la defensa de este recurso vital, pero el camino hacia una transición agroecológica requiere el compromiso de todos los sectores: gobierno, productores, consumidores y sociedad civil.
Estoy seguro que seguiremos construyendo entre todos y todas, las bases para la transición agroecológica en el país del maíz, desde la Cuarta Transformación se afirma y garantiza la vida como nos enseñó el grande Enrique Dussel.
Abierto al dialogo de saberes, nos encontramos en X: alfred_alva
La Opinión
Remesas en la mira: Por Bernando Bosch

Donald Trump no necesita ladrillos ni concreto para construir un nuevo muro. Le basta un impuesto. El pasado jueves 22 de mayo, la Cámara de Representantes de
Estados Unidos aprobó por estrecho margen su nuevo plan fiscal, un megaproyecto que incluye recortes de impuestos, incentivos a ciertos sectores y un polémico gravamen del 3.5% a las remesas enviadas por personas que no sean ciudadanos ni residentes permanentes.
La propuesta fue aprobada por 215 votos a favor y 214 en contra, tras una maratónica sesión que incluyó tensas negociaciones dentro del bloque republicano. Ahora, el proyecto pasa al Senado, con la intención de que sea aprobado antes del 4 de julio, Día de la Independencia.
Más allá de su nombre y sus promesas, el contenido es claro, se busca financiar parte del plan migratorio y de seguridad fronteriza con dinero que proviene directamente del esfuerzo de los migrantes. En otras palabras, cobrarle a quien trabaja para sostener a los suyos.
México es, sin duda, el país más afectado. Solo en 2024 ingresaron más de 64 mil millones de dólares en remesas, un flujo que sostiene millones de hogares. En estados como Michoacán, Guanajuato o Jalisco, y más recientemente en Chiapas, donde las remesas representan ya el 10% del PIB, este impuesto golpearía directamente el tejido económico y social de comunidades enteras.
Pero más allá de lo económico, esta medida puede tener efectos colaterales preocupantes. Al encarecer el envío formal de dinero, muchas personas podrían optar por alternativas informales o peligrosas, redes no reguladas, métodos inseguros o incluso canales vinculados a la criminalidad. En lugar de controlar, este impuesto podría empujar a los migrantes a la clandestinidad financiera.
Además, el gravamen no distingue entre personas sin documentos y quienes tienen visas temporales de trabajo. Si no eres ciudadano ni residente permanente, pagas. Así de simple. Se castiga el estatus migratorio, no la actividad económica. Y eso manda un mensaje claro: el migrante sigue siendo visto como fuente de ingresos, no como sujeto de derechos.
Todo esto en nombre de reducir el déficit fiscal, aunque difícilmente un impuesto así tendrá un impacto significativo en las finanzas de Estados Unidos. Lo que sí tendrá, y ya lo está teniendo, es un impacto simbólico, se utiliza al migrante como herramienta política, como blanco electoral, como chivo expiatorio.
Y quizá lo más doloroso es que seguimos dependiendo de estas remesas. Lo que debería ser una red de apoyo familiar se ha convertido en una política económica de facto. Mientras no existan las condiciones para que millones de personas puedan construir una vida digna en México, cualquier decisión tomada allá por intereses que no nos consideran seguirá marcando el destino de familias enteras aquí.
Este impuesto no es solo una medida recaudatoria. Es un nuevo muro invisible, económico y profundamente injusto. Y, como siempre, las consecuencias no las pagará la política. Las pagará la gente.
La Opinión
Primero el agua

Los sistemas eficaces de gestión de aguas residuales son vitales para preservar la salud humana. A nivel mundial, el agua contaminada plantea riesgos significativos de diarrea, infecciones y malnutrición, que ocasionan 1.7 millones de muertes al año, la mitad de ellas en niños. 90% de estos fallecimientos ocurre en países en desarrollo y principalmente a causa de la ingestión de patógenos fecales de humanos o animales. A nivel global, el volumen de aguas residuales aumentará con el crecimiento de la población. Y a medida que se expanda la economía y los ingresos globales, el contenido de sustancias químicas peligrosas, tóxicos y desechos asociados al estilo de vida moderno también será mayor.
El tratamiento eficaz de las aguas residuales es esencial para la buena salud pública. La ONU reconoce “el derecho al agua potable limpia y segura y al saneamiento como un derecho humano que es esencial para el pleno disfrute de la vida y todos los derechos humanos.
Más de 80% de las aguas residuales del mundo se vierten en el medio ambiente sin tratamiento, una cifra que alcanza 95% en algunos países menos desarrollados. Hoy día, solo 26% de los servicios urbanos y 34% de los servicios rurales de saneamiento y aguas residuales previenen efectivamente el contacto humano con las excretas en toda la cadena de saneamiento y, por tanto, pueden considerarse seguros.
La buena salud y el bienestar están contempladas en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 3, que incluye las siguientes metas:
Para 2030, poner fin a las epidemias del SIDA, la tuberculosis, la malaria y las enfermedades tropicales desatendidas y combatir la hepatitis, las enfermedades transmitidas por el agua y otras enfermedades transmisibles.
Para 2030, reducir sustancialmente el número de muertes y enfermedades producidas por productos químicos peligrosos y la contaminación del aire, el agua y el suelo. Por poner un ejemplo de la relevancia, las condiciones de cobertura de agua y drenaje en población indígena se muestran con mayor rezago. Con base el Conteo Intercensal de 2015, se reportan 12.0 millones de población indígena, 10% de la población total del país (CDI, 2016). De este importante sector de mexicanos 10.5 millones, (87.3%) cuentan con servicio de agua entubada en la vivienda, y no lo tiene 1.5 millones (12.7%). En cuanto a drenaje, 8.8 millones (73.1%) de indígenas disponen de drenaje en la vivienda, es decir 3.2 millones de habitantes (27%) carecen de esta facilidad (CDI, 2016).
Dada esta importancia sin lugar a dudas, el gobierno federal, estatal y municipal en el ámbito de sus competencias deben urgentemente invertir en la implementación de tecnología verde, autosustentable y económica. Esto significa que primero el agua, significa tomar decisiones asertivas hoy y diseñar fórmulas desde el Estado con participación social y bajo marcos de equidad y justicia social para plantear un escenario diferente a la población que le permita tener acceso al agua y de calidad.
La Opinión
La utopía de vivir bien

Cada generación tiene su propia idea del sueño que perseguir. Para nuestros padres, vivir bien era tener un trabajo estable, una casa propia, un coche, una familia. Ese era el ideal. Una vida con certezas, o al menos con una ruta clara. Para muchos jóvenes hoy, eso parece más una fantasía que una meta realista.
Piénsalo. ¿Cuántos de nosotros, a los veintitantos o treinta y pocos, estamos cerca de comprar una casa? ¿O de tener un ahorro suficiente para cualquier imprevisto médico? ¿Cuántos viven con la tranquilidad de que lo que ganan les da para cubrir sus necesidades sin estrés constante? La respuesta suele ser pocos. Muy pocos.
Y no es que no queramos trabajar. Al contrario, hay toda una generación haciendo malabares con chambas, proyectos, freelances, emprendimientos, redes sociales, idiomas y más. Lo que pasa es que el contexto cambió. Las reglas del juego ya no son las mismas. Los precios de todo subieron, pero los sueldos no. La estabilidad se volvió un lujo. Y aun así, seguimos midiendo nuestro éxito con la misma vara que se usaba hace 30 o 40 años.
Nuestros papás, por ejemplo, sabían que si había que apretarse el cinturón durante un par de años para ahorrar, se hacía. Porque aunque las cosas eran duras, el esfuerzo rendía frutos relativamente claros. Hoy vivimos rodeados de estímulos constantes, de una cultura de consumo que no descansa. Queremos la casa, sí, pero también el celular nuevo, los tenis edición limitada, las comidas fuera, los viajes, la suscripción a cinco plataformas y la experiencia instagrameable de cada fin de semana.
Y no está mal querer disfrutar. Al contrario, es válido querer vivir bien, querer gozar. Pero tampoco podemos ignorar que muchas veces nosotros mismos nos saboteamos con ese consumo sin freno. No siempre, pero muchas veces, gastar sin conciencia nos aleja más de lo que creemos de nuestras propias metas. La idea de que todo es inmediato también nos juega en contra: ahorrar, construir algo a largo plazo, renunciar hoy para ganar mañana, suena cada vez menos atractivo en un mundo que te vende gratificación instantánea.
Por eso, creo que toca ser sinceros con nosotros mismos. Sí, el sistema es desigual. Sí, es más difícil. Pero también toca hacernos responsables de nuestras decisiones. De qué gastamos, en qué invertimos nuestro tiempo, qué tipo de vida queremos construir. Tal vez vivir bien no se trate solo de lo que nos falta, sino también de lo que estamos dispuestos a priorizar.
Y al final del día, ¿qué significa vivir bien? ¿Es tener casa propia? ¿Viajar? ¿Tener hijos? ¿Emprender? ¿No tener jefe? La verdad es que no hay una sola definición. Y eso también es parte de lo que distingue a nuestra generación, que estamos empezando a entender que el éxito no tiene por qué verse igual para todos. Que no se trata de cumplir con un guion ajeno, sino de escribir el propio.
El verdadero éxito no tiene que ver con lo que acumulas, sino con lo que construyes contigo mismo. Con la paz de vivir en coherencia con lo que piensas, con lo que sientes y con lo que haces. La felicidad real no es una fórmula única. Es la autorrealización de cada persona, en la forma en que le plazca. Para algunos será formar una familia. Para otros, será emprender. Para otros más, será vivir con menos, pero con más libertad. Y todo eso está bien.
Puede que no todos lleguemos al mismo destino, pero si entendemos que vivir bien es vivir con propósito, en paz con lo que somos y hacia dónde vamos, entonces tal vez ese sueño ya no es una utopía.
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