En una audiencia celebrada en el estado de Morelos, María Felicia Jiménez otorgó el perdón legal a su esposo, Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), luego de haberlo denunciado penalmente por violencia familiar. A pesar de la decisión de la agraviada, las autoridades judiciales determinaron que el procedimiento legal en contra del exfuncionario federal no puede detenerse y seguirá su curso bajo esta figura.

Durante la diligencia de vinculación a proceso, la jueza Consuelo Correa presentó oficialmente un oficio fechado el 10 de julio y entregado en la Oficialía de Partes de la Fiscalía de Morelos. En dicho documento, la víctima expresa de manera formal su voluntad de retirar los cargos; sin embargo, la impartidora de justicia aclaró que los presuntos delitos de violencia familiar y violencia vicaria que se le imputan a Rodríguez Padilla se persiguen rigurosamente de oficio.

En el escrito presentado ante la fiscalía, Felicia Jiménez manifestó su firme intención de no dar continuidad a las carpetas de investigación iniciadas contra el exdirector de Pemex. La víctima argumentó que su decisión busca priorizar y garantizar la estabilidad emocional, así como el bienestar integral de su núcleo familiar, aunque el desarrollo del proceso judicial deba continuar su trámite correspondiente conforme a los mandatos estrictos de la ley.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno impuso una multa histórica de más de 42 millones de pesos a la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) tras confirmar graves violaciones a la legislación en materia de protección de datos personales. La sanción federal determinó que el organismo rector del balompié nacional incurrió en severas faltas administrativas durante la implementación y operación del sistema de registro FAN ID, vulnerando de forma sistemática los derechos y las garantías de miles de aficionados que asisten a los estadios.

De acuerdo con el dictamen oficial de la dependencia, la FMF cometió dos infracciones medulares por falta de transparencia. En primer lugar, omitió especificar en su aviso de privacidad que las fotografías biométricas recabadas poseían el carácter legal de datos sensibles. Asimismo, se detectó la completa ausencia de un consentimiento expreso, ya que el organismo validaba el registro mediante una simple casilla web, ignorando el mandato de la ley que exige estrictamente una firma autógrafa o electrónica avanzada para procesar este nivel de información.

El monto exacto del castigo financiero, fijado en 42 millones 849 mil 95 pesos, se estableció evaluando objetivamente la gravedad de las infracciones y la capacidad económica de la federación reportada en su declaración fiscal 2024. Aunque la FMF posee la facultad jurídica para promover medios de impugnación, la Secretaría adelantó que defenderá con absoluta firmeza la legalidad de esta sanción ante los tribunales correspondientes, velando en todo momento por el interés público y los derechos digitales de la ciudadanía.

Primer Acto: Una “entrevista” publicada por el Universal

La controversia estalló cuando el diario El Universal publicó una nota que aseguraba basarse en un supuesto testimonio del célebre cronista Carlos Monsiváis, en el cual abordaba temas íntimos sobre la sexualidad del expresidente Andrés Manuel López Obrador. El escepticismo entre los lectores fue inmediato y masivo por una razón lógica: Monsiváis falleció en el año 2010. Utilizar el nombre de un intelectual fallecido para difundir información sobre la vida privada de una figura política fue calificado de inmediato como un grave acto de desinformación.

Segundo Acto: Reacciones inmediatas

Redes encendidas: La nota provocó una rápida reacción en plataformas digitales; mientras periodistas y usuarios cuestionaron la ética del diario, sectores de la oposición aprovecharon para mofarse del exmandatario. 

Tabasco no fue la excepción y personajes como Manuel Andrade Díaz, ex gobernador, se subieron al tren de las fake news dejando en evidencia una sola cosa; su narrativa de informar no es más que una narrativa para causar controversia no importando de dónde viene la fuente. 

Postura federal: La polémica llegó a la conferencia matutina, donde la presidenta desmintió categóricamente la publicación, condenando el texto como un ataque burdo e irrespetuoso a la memoria de Monsiváis y al expresidente.

Tercer Acto: Retracción histórica y disculpa pública 

Ante la abrumadora presión de la opinión pública, el desmentido oficial y la total falta de sustento documental, el medio de comunicación se vio obligado a dar marcha atrás. En un movimiento poco habitual dentro de la prensa tradicional, El Universal emitió una disculpa pública en la que reconoció que la información presentada era totalmente falsa y admitió fallas graves en sus controles de verificación de datos (fact-checking). Finalmente, la polémica nota fue retirada de todas sus plataformas digitales.